"La responsabilidad penal del representante legal de una entidad pública, existe cuando este omite, previo a la celebración de los negocios jurídicos, verificar que los funcionarios delegados o en quienes recae la desconcentración, hayan respetado los procedimientos necesarios para contratar, bien sea por licitación pública o contratación directa; como también, cuando se aparta del deber de corroborar que fueron llevadas a cabo todas las etapas necesarias en el cometido de garantizar una selección objetiva que satisfaga el interés general.

En este sentido, se resalta que el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevé tres formas alternativas de realización: (i) inobservar los requisitos legales sustanciales en la tramitación del contrato, lo que incluye todos los pasos que la administración debe realizar hasta su celebración, (ii) omitir la verificación de los presupuestos previstos en la ley de contratación estatal al momento de su perfeccionamiento y (iii) desconocer las exigencias relacionadas con la liquidación del contrato.

Para la Corte es claro que, en las etapas de celebración y liquidación, solo podrán cumplirse con apego a la ley, una vez se haya verificado el cumplimiento de las formalidades previstas en la etapa anterior, pues, se materializa la facultad de disposición de los recursos del ente público."

Corte Suprema de Justicia sala Penal sentencia de fecha 6 de abril del año 2022 Radicado interno No. 59738